■ Análisis

Fracking en Coahuila: quién decide, quién cobra y quién se enferma

23 de August, 2026 · 20 min lectura

El 6 de agosto de 2026, en la conferencia matutina, el Comité Científico sobre Soberanía Energética y Yacimientos de Gas Natural No Convencional entregó sus primeras conclusiones. La recomendación fue continuar con la evaluación de viabilidad del desarrollo de yacimientos no convencionales en dos cuencas: Sabinas-Burro-Picachos, que abarca Coahuila y Nuevo León, y Burgos, en el noreste de Tamaulipas.

Al mismo tiempo recomendaron prohibirlo en la cuenca Tampico-Misantla, por criterios de protección ambiental, biodiversidad, impacto social y densidad poblacional. Los mismos criterios que sirvieron para excluir a Veracruz no alcanzaron para excluirnos a nosotros.

Cuatro días antes, el 2 de agosto, Pemex había terminado de apagar el pozo exploratorio Krem-1, en Las Choapas, Veracruz, que llevaba ardiendo desde el 5 de marzo, ciento cincuenta días de incendio. Según los cálculos de CartoCrítica, 252 millones de metros cúbicos de gas quemados, 270 hectáreas dañadas y por lo menos 29 comunidades afectadas. Los habitantes reportaron enfermedades respiratorias, ganado muerto y pastizales secos. Pemex sostuvo que sus mediciones se mantuvieron dentro de los límites permitidos y no publicó una evaluación de daños a la salud.

Las organizaciones de la Alianza Mexicana Contra el Fracking le pidieron al comité que tomara Krem-1 como advertencia antes de abrir la puerta a una técnica más compleja y más riesgosa. El comité recomendó seguir evaluando.

Diez días después, el 16 de agosto, hubo una movilización contra el fracking en la Alameda Zaragoza de Saltillo, convocada por Noreste Sin Fracking, un frente que reúne a más de noventa organizaciones de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. La consigna fue: el noreste no será zona de sacrificio.

Estuve ahí, por convicción y como militante del PCR (Partido Comunista Revolucionario). Este texto llega una semana después.

Debajo de nuestros pies

La fractura hidráulica consiste en perforar un pozo vertical de tres o cuatro kilómetros de profundidad, girar la perforación en horizontal, e inyectar a presión una mezcla de agua, arena y químicos para quebrar la roca y liberar el gas atrapado en ella. La roca de la que hablamos tiene baja permeabilidad, por eso se le llama yacimiento no convencional, el gas no fluye solo y hay que romper la piedra para sacarlo.

Cada fractura consume millones de litros de agua. Parte de esa agua regresa a la superficie convertida en agua de retorno, cargada de sales, metales pesados y compuestos de la propia formación geológica. El resto se queda abajo.

En este momento no estamos debatiendo si esto llega o no a Coahuila, sino si se intensifica.

CartoCrítica documentó, con datos de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que ya en 2015 había siete campos de yacimientos no convencionales explorados con pozos de fracking en Coahuila: Chucla, Emergente, Gamma, Habano, Montañés, Nómada y Percutor, en los municipios de Hidalgo, Progreso, Guerrero y Nava. Para 2017, Vanguardia reportaba al menos once campos de exploración de Pemex con 56 pozos perforados con esta técnica.

Un análisis posterior de la misma organización, difundido por Forbes en 2019, encontró que Coahuila tiene la relación más alta del país entre número de fracturas y número de pozos, con una media de 19.2 fracturaciones por pozo. No somos el estado con más pozos. Somos el estado donde cada pozo se fractura más veces.

A nivel nacional el potencial no convencional se estima en 141,494 millones de pies cúbicos diarios, casi el doble del potencial convencional, y las cuencas con mayor potencial identificado son Burgos y Sabinas-Burro, ambas en el noreste. Reuters reportó que Pemex podría iniciar los primeros proyectos piloto tan pronto como en septiembre de este año.

Conviene saber qué significa eso en litros. CartoCrítica calculó, en una investigación publicada este año que Fundar retomó en su pronunciamiento del 6 de agosto, que recuperar apenas el 10% de los recursos prospectivos requeriría más de 25 mil pozos y 1,923 millones de metros cúbicos de agua dulce. Alrededor del 40% de la superficie con potencial ya presenta estrés hídrico alto o extremo, y el 65% del agua requerida se ubica en regiones donde la operación consumiría entre la mitad y la totalidad del agua disponible localmente. Dicho de otro modo, ocho de cada diez litros que el fracking necesitaría generarían condiciones de riesgo hídrico grave.

Todo eso es información de CartoCrítica y Fundar, lo hicieron reconstruyendo información que el gobierno dejó de publicar. La cartografía tuvo que rehacerse desde atlas geológicos, contratos y registros técnicos porque Pemex y la federación dejaron de difundir la ubicación de áreas, bloques y pozos no convencionales.

Es importante tener en cuenta que estas cuencas son la continuación natural de las formaciones que del otro lado de la frontera se explotan como Eagle Ford. La misma roca, el mismo gas, la misma tecnología. La diferencia está en el precio de la fuerza de trabajo y en el rigor de la norma ambiental, y esa diferencia es justamente lo que vuelve rentable perforar de este lado.

La promesa de siempre

El gobernador Manolo Jiménez ha dicho que el proyecto Gas Coahuila, es una gran oportunidad para detonar la economía de las regiones golpeadas por la quiebra de Altos Hornos de México. Habla de más de 50 mil empleos en diez años, y compara ese impulso con el que en su momento tuvo la industria siderúrgica en la región.

La industria siderúrgica que se pone como ejemplo es la que quebró, con el cierre de AHMSA la empresa dejó sin trabajo a 6,500 personas solo en Monclova. Y aquí hay que decir algo que el discurso oficial nunca dice: esos 6,500 desempleados no son un accidente lamentable que el fracking viene a remediar. Son la condición que hace posible el fracking en los términos en que se ofrece.

Una masa de trabajadores disponibles y sin alternativa es lo que permite imponer salarios más bajos y condiciones más peligrosas, porque quien tiene hambre no negocia. La quiebra de AHMSA no dejó un vacío que el gas viene a llenar generosamente. Dejó una población desesperada, y sobre esa desesperación se construye la aceptación de un proyecto que en otras condiciones se discutiría de otro modo.

Cuando el gobernador ofrece 50 mil empleos a una región con miles de trabajadores sin ingreso, no está haciendo una oferta entre iguales, está negociando con alguien a quien previamente se le quitó la capacidad de decir que no.

Y hay que preguntarse por la calidad de esos empleos prometidos, porque tenemos elementos para desconfiar de ellos. Pasta de Conchos en 2006, con 65 mineros atrapados de los cuales 27 cuerpos han sido recuperados hasta febrero de este año. El pozo de BINSA en 2011, catorce muertos. Micarán en 2021, siete. El Pinabete en 2022, diez, cuyos restos se recuperaron hasta 2025. Más de 120 mineros muertos en la región desde Pasta de Conchos, según datos oficiales y de la Organización Familia Pasta de Conchos.

La seguridad cuesta, y en un mercado donde la Comisión Federal de Electricidad asigna contratos a pequeños productores que operan pozos y cuevas apenas disfrazados de minas, el que invierte en seguridad pierde la licitación frente al que no. Cada uno de esos muertos fue el resultado de una decisión económica.

En Coahuila conviven la perforación horizontal de tres kilómetros con fracturación computarizada, y los llamados pocitos, agujeros excavados a mano donde los trabajadores bajan sin certificación, sin ventilación adecuada y sin registro.

Eso no es un país a medio modernizar donde una cosa va a reemplazar a la otra. Las dos se necesitan.

El pocito abarata el carbón que compra la CFE y fija hacia abajo el piso de lo que un trabajador de la región puede exigir, y ese piso bajo es parte de lo que hace atractiva la inversión en la tecnología cara. La técnica más avanzada que se pueda importar convive perfectamente con la forma de explotación más brutal, porque una financia a la otra.

Por eso desconfío del argumento de que el problema del fracking es técnico y se arregla con mejores normas. La misma técnica, decidida y controlada por quienes trabajan en ella, plantearía preguntas completamente distintas.

Lo que el extractivismo le hace a la salud

Existe literatura sobre esto, no es abundante ni concluyente en todo y la mayoría son estudios de Estados Unidos, con diseños cualitativos o de autorreporte, y ninguno se ha hecho en Coahuila. Nadie ha medido esto aquí, y esa ausencia también importa, porque lo que no se mide no se puede reclamar.

En 2018, un equipo encabezado por Jameson Hirsch publicó en el International Journal of Mental Health and Addiction una revisión titulada Psychosocial Impact of Fracking. El hallazgo central es que aunque quienes viven en comunidades con fracking pueden experimentar beneficios iniciales mínimos, como ingresos por arrendamiento de tierras o desarrollo de infraestructura, también experimentan preocupación, ansiedad y depresión relacionadas con el estilo de vida, la salud, la seguridad y la seguridad financiera. Hay una formulación de esa revisión que describe a Coahuila: comunidades enteras pueden experimentar trauma colectivo como resultado del ciclo de auge y caída que ocurre cuando estas industrias irrumpen en la vida comunitaria. Los autores señalan además que las comunidades afectadas suelen ser ya vulnerables, pobres, rurales o indígenas, y que pueden seguir experimentando los efectos durante generaciones.

El Ciclo de auge y caída es exactamente lo que la Región Carbonífera vivió con el carbón y con AHMSA, y lo que se le propone repetir ahora con el gas.

El trabajo más específico es el de Stephanie Malin, socióloga de Colorado State University, publicado en 2020 en Energy Research & Social Science bajo el título Depressed democracy, environmental injustice. Malin encuestó cientos de hogares en comunidades del norte de Colorado y visitó casas, escuelas y plataformas de perforación, e identificó dos motores del daño psíquico.

El primero es el estrés crónico y la depresión asociados a la incertidumbre sobre los riesgos ambientales y de salud pública, combinada con el acceso inadecuado a información útil sobre ellos. No es el riesgo por sí solo, es el riesgo sin información. Es no saber qué te están inyectando al subsuelo a ochocientos metros de tu casa, y que nadie con autoridad te lo pueda decir de forma confiable.

El segundo es la sensación de impotencia política. Vivir en un lugar donde las decisiones que determinan el aire que respiras y el agua que tomas se firman en otro sitio, sin ti, y sin que exista un mecanismo real para incidir en ellas.

Malin llama a esto democracia deprimida, me gusta el nombre.

La impotencia que ella mide como variable psicológica es la forma subjetiva de una relación de propiedad. Quien no controla los medios con que se produce tampoco controla las condiciones en que vive, y eso vale igual para el obrero separado del producto de su trabajo que para el habitante que respira un aire cuya composición determina alguien más y toma un agua cuya disponibilidad depende de contratos opacos.

Lo que importa de esto es que la angustia de esas comunidades no es una percepción distorsionada que se corrija con más información o con terapia sino una lectura exacta y real de la posición que ocupan en su medio.

La incertidumbre sostenida es una de las condiciones que más desorganiza el aparato psíquico. No es lo mismo enfrentar una amenaza definida que vivir bajo una amenaza que no se puede nombrar ni medir ni ubicar en el tiempo. Frente a lo primero hay respuesta posible, uno se prepara, se protege, huye o pelea. Frente a lo segundo no hay acción que descargue la tensión, y esa tensión sin salida es la que se cronifica.

Cuando además el sujeto no tiene ninguna posibilidad de intervenir sobre aquello que lo amenaza, se agrega otra cosa. Lo que se pierde no es solo la tranquilidad, es la posición de agente. Uno deja de ser alguien que decide sobre su propia vida y pasa a ser alguien a quien le ocurren cosas.

Y esto tiene una consecuencia política. Un sujeto en esa posición es un sujeto desmovilizado. La resignación no es una falla moral de las comunidades extractivas, es un efecto producido por la estructura en que viven, y es un efecto funcional, porque una población convencida de que nada de lo que haga va a cambiar la decisión es una población que no organiza asambleas ni sindicatos ni marchas.

Hay otro concepto que aparece en varias de estas investigaciones y me gustaría que revisáramos. En 2007, el filósofo ambiental australiano Glenn Albrecht y un equipo de investigadores publicaron en Australasian Psychiatry un texto llamado Solastalgia: the distress caused by environmental change. El término mezcla solace, consuelo, y nostalgia, y nombra algo muy específico, el malestar que produce el cambio ambiental en el propio entorno mientras uno sigue viviendo ahí. La nostalgia clásica es el dolor de estar lejos de casa. La solastalgia es el dolor de que la casa se transforme alrededor de uno hasta volverse irreconocible, sin haberse movido de lugar.

Albrecht desarrolló el concepto trabajando con dos poblaciones, comunidades rurales de Nueva Gales del Sur afectadas por sequías persistentes, y habitantes del Valle Hunter, donde la minería de carbón a cielo abierto reconfiguró el paisaje. La segunda descripción no requiere mucha traducción para quien conozca la Región Carbonífera.

Un estudio de 2016 sobre Doddridge County, en Virginia Occidental, encontró que el fracking produce una disrupción del sentido de lugar y de la identidad social de los residentes, generando estrés social generalizado. Los habitantes reconocían los posibles beneficios económicos, y aun así el malestar aparecía. Esto se contrapone al argumento de que quien se opone al fracking simplemente no quiere el empleo. La gente puede reconocer perfectamente el beneficio económico y experimentar el daño al mismo tiempo. No es por ignorancia o capricho, es la experiencia de quien vive una contradicción real, la de necesitar el salario que ofrece precisamente aquello que destruye el lugar donde vive. Esa contradicción no está en la cabeza de nadie, está en la organización social de la producción.

El hallazgo más doloroso, y el menos discutido, es lo que la industria le hace al tejido de la comunidad. Un estudio publicado en 2020 en el International Journal of Environmental Research and Public Health, basado en entrevistas con activistas antifracking de Denton, Texas, documentó procesos de othering, de nosotros contra ellos, dentro de la propia comunidad. La llegada de la industria divide a los vecinos entre quienes ven la oportunidad económica y quienes ven el riesgo, y esa división se vuelve confrontativa y permanente.

En una región donde el empleo escasea, esa fractura tiene una crueldad particular. Al que necesita el trabajo se le acusa de vendido. Al que se opone se le acusa de estar contra el progreso del pueblo. Y ambos están respondiendo a una situación que no crearon y sobre la que no deciden. El antagonismo que debería estar entre la clase trabajadora y quien decide sobre ella se instala dentro de la clase trabajadora, es una de las formas más antiguas y eficaces de administrar el conflicto. Mientras los vecinos discuten entre sí, nadie discute con Pemex ni con los contratistas ni con el gobierno del estado. La tarea política es exactamente revertir esa relocalización.

Buena parte de la literatura citada es cualitativa, se basa en autorreporte y no permite establecer causalidad limpia. Los estudios se hicieron en Estados Unidos y Australia, en contextos regulatorios y económicos distintos al nuestro. Los tamaños de muestra varían mucho. Y hay un sesgo posible que hay que nombrar, varios estudios entrevistaron a activistas, que por definición ya están más preocupados que el promedio. Sería deshonesto de mi parte cerrar sin mencionarlo.

Lo que sí se puede afirmar con razonable confianza es que existe un cuerpo consistente de evidencia, de distintos equipos y en distintos lugares, que documenta mayor estrés, ansiedad y sintomatología depresiva en poblaciones que viven cerca de operaciones de fracking, y que identifica dos mecanismos plausibles, la incertidumbre sin información y la impotencia frente a las decisiones.

Lo que no sabemos es qué pasa en Coahuila, porque nadie lo ha estudiado. La investigación epidemiológica cuesta dinero, y el dinero de la investigación se asigna según prioridades que no fija la gente.

Aunque para ver el mecanismo funcionando no hace falta ir hasta Colorado. Las comunidades de Las Choapas pasaron cinco meses respirando los gases de un pozo incendiado, con reportes de enfermedades respiratorias y animales muertos, mientras la empresa responsable sostenía que sus mediciones estaban dentro de norma y no publicaba una evaluación de daños. Riesgo sin información, y ninguna vía para incidir. Es exactamente lo que Malin describe, ocurriendo en México, documentado por la prensa, y sin un solo estudio de salud mental que lo registre.

El país destina a salud mental el 1.3% de su gasto en salud, con 6.9 psicólogos por cada cien mil habitantes en el sector público. Si la actividad extractiva produce el daño psíquico que la literatura describe, la Región Carbonífera lo va a absorber sin ninguna infraestructura para atenderlo. El costo psíquico de la extracción, igual que el costo ambiental, lo cargan quienes viven ahí. La empresa se lleva la ganancia, la región se queda el daño, y el daño psíquico ni siquiera se registra.

El agua y el Estado

Hace tres semanas escribí en este mismo sitio sobre la marcha contra el convenio hídrico entre Chihuahua e Israel. El patrón que aparece aquí es el mismo, y la repetición no es coincidencia sino método.

El comité científico recomendó que cualquier eventual explotación use exclusivamente agua salada extraída del subsuelo para no afectar reservas de agua dulce. José Antonio Hernández Espriú, director de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, comentó que no debería usarse agua dulce de ninguna manera.

Es una recomendación lógica, el problema es que su cumplimiento depende de las mismas instituciones que llevan tres años sin transparentar un convenio de agua en el estado vecino, que autorizaron fraccionar el cerro que recarga el acuífero de Chihuahua contra el 97% de una consulta pública, y que administran el agua de Saltillo mediante una empresa mixta cuyos documentos constitutivos estuvieron ocultos diecinueve años.

Y hay algo más sobre el comité mismo. Fundar señaló que a ese grupo de diecisiete especialistas no se integró a personas expertas en epidemiología, en derechos humanos ni en territorios indígenas, ni a integrantes de las comunidades que serían afectadas. El encargo tampoco fue preguntar si México debía usar la técnica, sino cómo hacerlo de forma más o menos sustentable.

Un comité sin epidemiólogos dictaminando sobre una actividad cuyo principal cuestionamiento es sanitario, ese es el punto que ninguna recomendación técnica puede resolver. El Estado que debe hacer cumplir la norma es el mismo que firmó los convenios, otorgó las concesiones y autorizó los cambios de uso de suelo. No falla, funciona exactamente como está diseñado para funcionar, administrando los asuntos comunes de quienes son dueños de los medios de producción, y esa función no cambia porque cambie el partido en el gobierno.

Hay también un vacío normativo específico. La Auditoría Superior de la Federación ya había advertido sobre la falta de regulación en el manejo de residuos del fracking. La actualización de la norma correspondiente se abrió a consulta pública, pero en abril de este año seguía sin publicarse la norma definitiva en el Diario Oficial de la Federación. Lo mismo de siempre, la regulación se queda en el aire.

Y volvamos al criterio con que se excluyó a Veracruz, la densidad poblacional e impacto social. Coahuila tiene 20 habitantes por kilómetro cuadrado. Donde hay más gente hay más votos, más cobertura y más capacidad de estorbar. Donde hay menos, el costo político de contaminar baja. La zona de sacrificio no se elige por geología, se elige por cuánta resistencia se puede esperar, y nosotros salimos baratos en ese cálculo.

Qué exigir

Pedir mejores estudios de impacto ambiental supone que el problema es de información, y que las instituciones actuarían distinto si supieran más, llevan tres décadas sabiendo lo suficiente y no hace diferencia.

Lo primero es la apertura completa de los expedientes, contratos, volúmenes de agua comprometidos, composición química de los fluidos de fractura, resultados de los pozos que ya operan y destino del agua de retorno. Sin eso no hay discusión posible, solo opiniones sobre un asunto que nadie puede verificar.

Lo segundo es que quienes ponen el cuerpo tengan poder de decisión. Comités electos por los trabajadores de Pemex y de las contratistas, junto con delegados de las comunidades, con acceso a las instalaciones y capacidad real de detener una operación insegura. El que baja al pozo sabe antes que nadie cuándo algo va mal, y hoy no tiene ninguna herramienta para siquiera comunicarlo. Ciento veinte muertos sin un solo responsable en la cárcel es lo que pasa cuando esa herramienta no existe.

Lo tercero es que las consultas obliguen. Lo del Cerro del Caballo, donde el 97% se pronunció y la autoridad autorizó de todas formas.

Y lo cuarto, la propiedad nacional del subsuelo debe significar algo. Hoy la nación es dueña en el papel mientras la renta se va por contratos de servicios, que es la misma operación del carbón con otro nombre.

Mientras lo que se produce se decida según lo que rinde, el agua de una región semidesértica va a seguir valiendo menos que el gas que tiene debajo, porque el gas se vende y el agua de la gente no cotiza (todavía).

Lo que se discute en Coahuila no es si conviene sacar gas del suelo, sino quién decide, quién cobra y quién carga con lo que queda cuando el ciclo termine. Esa pregunta ya se respondió una vez aquí, y la respuesta está escrita en una lista de nombres y en un río contaminado.

La diferencia entre que se responda igual o distinto no la va a hacer el comité científico. La va a hacer si los trabajadores del gas, los mineros que quedan, las comunidades de la Carbonífera y quienes salimos a la calle en Saltillo logramos organizarnos como una sola fuerza, o si nos siguen enfrentando entre nosotros mientras firman.

De nosotros depende organizarnos, y hacer ver que el noreste no será zona de sacrificio.

Fuentes

← Volver a artículos