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El agua no se vende: marcha antisionista en Saltillo

09 de August, 2026 · 9 min lectura

Salimos del Tecnológico de Saltillo poco después de las nueve y media de la mañana, la hora a la que estaba convocada la marcha. Éramos alrededor de medio centenar de personas, con un par de vehículos abriendo y cerrando el contingente a modo de escudo, porque Venustiano Carranza es una de las vialidades más transitadas de la ciudad y no había otra forma de caminarla.

El sol ya pegaba fuerte. Rondaba los treinta grados y no eran ni las diez. Cualquiera que haya caminado esa avenida en agosto sabe que no hay sombra que alcance, y el asfalto devuelve el calor que recibe.

Aun así, en ningún momento del trayecto se apagaron las consignas. El agua se defiende. Fuera el sionismo de México. La patria se defiende.

Por qué Saltillo marcha por Chihuahua

La marcha del 1 de agosto no fue solo nuestra. Fue una jornada nacional convocada en al menos catorce ciudades del país: Ciudad Juárez, Chihuahua, Ciudad de México, Tijuana, Hermosillo, Tampico, Durango, Aguascalientes, Querétaro, Pachuca, Guanajuato, Nayarit, Tlaxcala y Mérida. En la capital chihuahuense el contingente partió de la glorieta de Pancho Villa hacia el Palacio de Gobierno; en Ciudad Juárez se concentraron en el puente internacional Paso del Norte; en la Ciudad de México, de la Estela de Luz al Zócalo.

El motivo es un documento firmado hace más de tres años. El 23 de febrero de 2023, la Junta Central de Agua y Saneamiento de Chihuahua firmó un Plan de Cooperación con Mashav, la Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo del Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado de Israel. Lo signaron el embajador israelí en México, Zvi Tal, y por Chihuahua el director de la JCAS, Mario Mata Carrasco. Tiene vigencia hasta 2027.

La versión oficial es que se trata de intercambio técnico. El gobierno de Chihuahua sostiene que el objetivo es transferir conocimiento sobre diseño, construcción y mantenimiento de sistemas hídricos para situaciones de crisis, aprovechando que Israel recicla el 85% del agua que utiliza y obtiene buena parte de su consumo doméstico mediante desalinización. Mata Carrasco ha insistido en que el convenio no otorga derechos, concesiones ni control sobre el agua del estado, y que no genera obligaciones jurídicamente vinculantes para ninguna de las partes.

Hay dos problemas con esa respuesta.

El primero es un tema de legalidad. Integrantes del colectivo Salvemos los Cerros denunciaron que el acuerdo no fue registrado ante la Secretaría de Relaciones Exteriores ni ante la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, lo que contraviene la Ley sobre la Celebración de Tratados. El gobierno estatal firmando con el ministerio de relaciones exteriores de otro país, saltándose a la cancillería mexicana, un tema bastante grave.

El segundo es de opacidad. A más de tres años de firmado, no se han informado públicamente los resultados, los proyectos desarrollados, los costos ni los contratos derivados. Sabemos muy bien que cuando una autoridad dice “no se preocupen, es solo cooperación técnica” pero no muestra el expediente, la desconfianza está bastante justificada.

Y hay un contexto que en Chihuahua se conoce bien. Mientras se firman convenios de cooperación con potencias extranjeras, los acuíferos del estado están sobreexplotados, operan pozos ilegales sin clausurar, y las grandes concesiones de agua están en manos de agroindustrias y terratenientes. Ese es el trasfondo real, no falta tecnología, falta que el agua deje de repartirse según quién tenga capital.

Coahuila no está afuera de esto. Somos el estado vecino, compartimos condición semidesértica y el mismo modelo de gestión hídrica. Lo que se normaliza en Chihuahua se replica aquí. Por eso marchamos en Saltillo por un convenio que se firmó a seiscientos kilómetros.

El trayecto

Fuimos pocos, medio centenar de personas en una ciudad de más de ochocientos mil habitantes no es una multitud, y sería deshonesto de mi parte contarlo de otro modo.

Pero era un contingente diverso, distintos colectivos, distintas trayectorias, gente que probablemente no coincide en muchas otras cosas, caminando bajo una consigna compartida. Yo iba por convicción propia y también en representación del PCR (Partido Comunista Revolucionario), de eso ya hablaremos después.

El contingente hizo una primera pausa frente a las oficinas de Aguas de Saltillo. Ahí las consignas subieron de volumen, y con razón, porque la situación del agua en nuestra ciudad no es muy distinta.

Saltillo fue la primera ciudad de México donde se privatizó el sistema de agua bajo el esquema de empresa mixta. En agosto de 2001 el cabildo aprobó la asociación del municipio con InterAgbar de México, filial de la multinacional española Aguas de Barcelona, que pagó 81.9 millones de pesos por el 49% de las acciones. El contrato se firmó por veinticinco años, y el control administrativo y técnico quedó del lado del socio privado.

El proceso tuvo detalles que vale la pena recordar. Agbar fue la única empresa que presentó propuesta, y la licitación fue conducida por Arthur Andersen, que en ese momento era su propio asesor contable. Los documentos constitutivos de Aguas de Saltillo permanecieron ocultos diecinueve años por decisión de un juez local, hasta que fueron revelados vía MéxicoLeaks. En los dos primeros años de operación hubo cinco aumentos de tarifas por encima de la inflación, infringiendo el propio contrato de asociación. Y después de casi dos décadas de gestión mixta, alrededor del 40% del agua que se extrae se sigue perdiendo en fugas.

Así que ahí estábamos, gritando contra un convenio firmado con capital extranjero a seiscientos kilómetros, parados frente a las oficinas de una empresa que administra el agua de esta ciudad con capital extranjero desde hace veinticinco años.

Después seguimos hacia el centro.

El pliego

Cerca del final del recorrido, sobre la calle Allende, frente a la plaza Tlaxcala, nos detuvimos para la lectura del pliego petitorio, elaborado por el colectivo Salvemos los Cerros de Chihuahua junto con el Movimiento Nacional Frente al Extractivismo y por la Defensa del Territorio.

Son cuatro demandas y son amplias, conviene revisarlas cada una:

La primera es la cancelación total del convenio de la JCAS con agencias, empresas o consultoras israelíes. La segunda, el alto a la destrucción del Cerro del Caballo en Chihuahua y su declaratoria como Área Natural Protegida. La tercera, la cancelación de la planta de amoniaco de Proman-GPO en la Bahía de Ohuira, en Sinaloa, en solidaridad con el movimiento Aquí No de Topolobampo. La cuarta, la cancelación del Gasoducto Sahuaro.

El segundo punto es el que amarra todo el argumento, y merece explicarse.

El Cerro del Caballo está al poniente de la ciudad de Chihuahua. Es una de las zonas que recargan el acuífero Sauz-Encinillas, del que bebe la capital del estado. Desde 2024, Salvemos los Cerros y comités vecinales han peleado contra un proyecto inmobiliario de seis fraccionamientos sobre ese cerro. En una consulta pública, más del 97% de quienes participaron se pronunció por protegerlo. La SEMARNAT autorizó de todas formas el cambio de uso de suelo forestal para un megaproyecto que contempla remover más de 140 hectáreas de vegetación.

Ahí está la contradicción, mientras el gobierno firma convenios con una potencia extranjera para “solucionar la escasez” de agua, permite que las inmobiliarias dinamiten las zonas que producen esa agua.

Por eso el pliego junta un convenio con Israel, un cerro en Chihuahua, un humedal en Sinaloa y un gasoducto en el norte. No son cuatro causas distintas, es la misma lógica que se replica en cuatro lugares. La consigna con la que cierra el documento lo dice mejor que cualquier explicación: de la sierra a la bahía, el agua y el territorio no se venden, se defienden.

A eso se sumó lo que se exigió en todas las ciudades ese día: el cese de las relaciones diplomáticas y comerciales de México con Israel, y un alto al fuego en Gaza.

Fue en ese punto donde la prensa hizo acto de presencia y transmitió en vivo. También ahí se invitó a los transeúntes a sumarse. Algunos se acercaron, otros grabaron con el celular, la mayoría siguió su camino.

Plaza de Armas

El contingente se trasladó a Plaza de Armas para la parte final.

Se dejó el micrófono abierto. Quien quisiera hablar, hablaba. Eso produjo una plenaria desordenada en un buen sentido: intervenciones de distinta duración, de distinto tono, de gente con formaciones políticas muy distintas entre sí. Hubo quien habló de Palestina, quien habló del agua, quien habló de las dos cosas como si fueran una sola. Y lo son.

La marcha terminó con la pega de carteles con las consignas en el Palacio de Gobierno.

Lo que estábamos defendiendo

Escribo esto una semana después y quiero ser preciso sobre por qué estuve ahí.

No marché por solidaridad abstracta con un pueblo lejano, aunque la solidaridad con Palestina sea razón suficiente por sí sola. Marché porque el agua y Gaza son el mismo problema en dos escalas.

El despojo funciona igual en los dos casos: alguien con capital y con respaldo estatal decide quién tiene acceso a un recurso que no debería ser mercancía, y quién no. En Palestina se llama ocupación. Aquí se llama concesión, convenio de cooperación, cambio de uso de suelo, transferencia tecnológica. La violencia es de otro orden y sería obsceno equipararlas, pero la lógica de fondo es la misma: el recurso vale más que la gente que vive de él.

Eso es lo que entendió bien el pliego al poner en la misma hoja un convenio internacional y un cerro que están fraccionando. Quien vende el agua afuera es el mismo que la destruye adentro.

Un gobierno estatal que firma con un Estado señalado internacionalmente por sus acciones en Gaza, sin pasar por la cancillería de su propio país y sin transparentar los resultados, no está haciendo cooperación técnica, está normalizando una relación política de servidumbre. Y lo hace con el bien más escaso que tenemos en el norte.

Éramos cincuenta personas y hacía treinta grados. No cambiamos nada ese sábado, pero el convenio vence en 2027, la exigencia de transparencia sigue sin respuesta, y en catorce ciudades del país hubo gente caminando por lo mismo el mismo día.

Es un buen comienzo.

Fuentes

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